Me surgen dos ocurrencias sobre las inéditas protestas en Cuba contra el gobierno de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel. Una se refiere a lo que sería el punto de no retorno para el régimen: punto aún lejano, incluso si las protestas siguen y se extienden. Otra versa sobre los castrófilos en México y en el resto de América Latina, a propósito del llamado bloqueo.

La detención de Cárdenas Palomino por la tortura que le infligió y ordenó a los familiares de Israel Vallarta, compañero en algún momento de Florence Cassez, se produce casi un año después de su acusación formal por el distrito Este de la Fiscalía Federal de Nueva York, allá por narcotráfico y vínculos con García Luna. Falta todavía Ramón Pequeño; tal vez su arresto figura en la lista de tareas del gobierno esta semana, aparentemente dedicada a órdenes de aprehensión. En cualquier caso, se pone buena la intriga, sobre todo en vista de su carácter multifacético.

Se ha generado una interesante discusión sobre la naturaleza de la gestión del actual gobierno durante la primera mitad real de su duración. Unos hablan de “transformación”, otros de un intento fallido de revolución, unos más de destrucción pura y simple y otros más de reformas lite. Detrás del debate yace una interrogante a la que ya podemos aportar respuestas basadas en ciertos datos duros. Se trata del tema del mandato. ¿Qué mandato le entregó la ciudadanía a Morena en 2018, y ahora hace un mes?

Con mucha razón, la comentocracia se ha centrado en días recientes en los ataques del gobierno a las llamadas clases medias. Es un ejercicio un poco extraño por parte del régimen, con referencias presidenciales raras —a Hitler, a Allende, etc— pero que merece todo tipo de análisis y de reflexión. No obstante, quisiera enfocarme hoy al otro lado de la moneda, al corolario de las tesis de desprecio de las clases medias. Me refiero, obviamente, al “pueblo”.

La pregunta es absurda, como se supo desde que la definió la Suprema Corte en general, y su presidente en particular. No significa absolutamente nada. No se refiere a los expresidentes, como pretende López Obrador, queriendo engañar otra vez a la gente; no fija un plazo, hacia atrás o hacia adelante; no explica qué quiere decir “investigar”; en una palabra, es una tomadura de pelo —una más— del gobierno y de sus aliados en la SCJN.

Subir tasas es el instrumento de política monetaria que tienen los Estados, ya sea para defender un tipo de cambio, ya sea para enfriar una economía, ya sea para detener una espiral inflacionaria. Hacerlo hoy en México era correcto; pero difícilmente se evitarán las consecuencias de esta decisión, sobre todo si es que se vuelve tendencia.

Dentro de la crítica generalizada al gobierno actual en los medios internacionales y entre los empresarios mexicanos (en privado), se asoma casi siempre un breve y leve aplauso o aprobación: por lo menos es avaro, codo, fiscalmente responsable o austero y conservador en el gasto.

Hace cincuenta años el día de hoy, Richard Nixon anunció el inicio de la guerra contra las drogas. Medio siglo después, el mundo y Estados Unidos consumen más estupefacientes que nunca; en docenas de países impera más violencia motivada por el tráfico de drogas; las cientos de miles de muertes provocadas y los miles de millones de dólares gastados a lo largo de cinco décadas han sido todas y todos en vano. No sirvieron de nada.

Nadie está muerto en política hasta que no lo entierren. El artículo de The New York Times y el peritaje oficial inminente sobre la Línea 12 no destruyen para siempre la posibilidad de que Ebrard sea el candidato de Morena. Eso depende de muchos factores, entre otros, y singularmente, de la voluntad de López Obrador. Pero todo parece indicar que, si era una carta de López Obrador, se está cayendo o se cayó.

La pregunta interesante para 2024 consiste en las raíces profundas de esta aparente neutralidad de la sociedad mexicana, tanto hacia el PRIAN como frente a Morena. Hay mucho de indefendible en lo que los gobiernos hicieron en México desde el año 2000, pero también hay mucho que rescatar, que López Obrador se ha propuesto destruir y que un futuro gobierno tendrá que reconstruir.