En mi columna de esta semana en El Universal, advertía que México no estaba en condiciones de resistir a las embestidas de Donald Trump. De no entregar a Rocha Moya y a los demás acusados, vía los procedimientos claramente previstos en el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos –cuya jerarquía jurídica es superior a la de las leyes internas mexicanas– Washington dispone de un arsenal casi infinito de represalias. Ya vimos la primera.
No importa si los ataques a los consulados de México en Estados Unidos descansan en un libro de mentiras escrito por el ultraderechista Peter Schweizer. Se han utilizado por distintos cancilleres para distintos fines a lo largo de los años: protección, cabildeo a favor del TLCAN, defensa contra la pena de muerte a mexicanos, mini embajadas para promover varias iniciativas mexicanas –la matrícula consular, las licencias de conducir, el TIN para indocumentados– o para propaganda electoral y proselitismo. Todas estas labores están previstas por usos y costumbres, por la Convención de Viena, y por la práctica de otros países con fuertes diásporas en Estados Unidos (Israel, Italia, Irlanda, por ejemplo). Son legítimas y, al mismo tiempo, el Departamento de Estado puede revocar la autorización de cualquiera de los 53 consulados mexicanos sin explicación o motivo válido. De la misma manera que México lo puede hacer con los nueve consulados norteamericanos en nuestro país, junto con cuatro agencias consulares.
El anuncio por el Departamento de Estado ayer de que ha iniciado una “revisión” de nuestras representaciones consulares es obviamente una respuesta a la negativa de Sheinbaum de detener a Rocha Moya por una supuesta falta de pruebas no previstas por el artículo 11 del citado tratado. No creo que la solicitud de detención provisional de los diez héroes de Sinaloa constituya una reacción a la controversia de los agentes de la CIA en Chihuahua. El gran jurado de Manhattan fue convocado mucho antes y deliberó durante varias semanas sino meses antes de obsequiar al Southern District la acusación que solicitó (indictment). Mas sí estoy convencido que la amenaza a los consulados representa una réplica ante la actitud de las autoridades mexicanas.
Pero esta represalia, que puede ser dolorosa y costosa para miles de mexicanos en Estados Unidos y para los intereses nacionales allá –turísticos, comerciales, jurídicos, etcétera– no es ni remotamente la única. Ya vimos, por ejemplo, cómo Trump utiliza el arma de los aranceles para fines políticos (con Brasil, entre otros). Asimismo, existen las opciones de cerrar la frontera a determinados usos que no dañen a Estados Unidos, la suspensión de la entrega de visas a mexicanos (amenazó de hacerlo con Colombia) en la víspera de las vacaciones de verano, o acusaciones contra instituciones financieras mexicanas (Vector, CIBanco) por FINCEN o OFAC, aunque no tengan nada que ver con Rocha Moya. En este juego de vencidas, no contamos con ninguna posibilidad de ganar, o siquiera de salir airosos.
Es cierto, como lo han comentado Camarena y Loret, entre otros, que se antoja inverosímil la idea según la cual al cabo de innumerables visitas a Sinaloa por los secretarios de Seguridad, Defensa, Marina, y el comandante de la Guardia Nacional, ninguno de ellos se enteró, ni buscó informarse, de los vínculos entre el gobernador y los cárteles. Yo escuché hace varios años la versión según la cual Rocha fue por años el nexo entre López Obrador y el Cártel de Sinaloa. Mi información provino de una fuente inmejorable, oriunda de un estado vecino, con una eterna experiencia en estos menesteres. ¿De veras queremos ir al matadero en defensa de este personaje?
Nota: Le agradezco a Claudia Sheinbaum haberle puesto el nombre de mi tía tatarabuela a la estación de tren en el aeropuerto de Santa Lucía. Clara Krause de Álvarez de la Rosa, la viuda de Felipe Ángeles, era hermana de María Carmen Krause de Álvarez de la Rosa, “Mamalila”, esposa de Vicente Álvarez de la Rosa, padres de Carmen Álvarez de la Rosa Krause, mi abuela, que falleció en 1990. Mamalila fue fundadora y primera directora de la Escuela Nacional Primaria para Niñas, nombrada por Justo Sierra, con quien, según un destacado biógrafo de Porfirio Díaz, tomaba el tranvía diario para ir al trabajo. Ambas hermanas nacieron en San Francisco; Clara y Felipe Ángeles tuvieron cuatro hijos, dos de los cuales conocí como tíos abuelos: Julio, a quien adoraba, compañero de parrandas de mi padre en París en los años cuarenta, e Isabel, quien vivió y murió en Hackensack, Nueva Jersey.
Jorge G. Castañeda
Secretario de Relaciones Exteriores de México de 2000 a 2003. Profesor de política y estudios sobre América Latina en la Universidad de Nueva York. Entre sus libros: Las dos izquierdas y Estados Unidos: en la intimidad y a la distancia