Ayer un tribunal federal declaró inconstitucional que las empresas camioneras de pasajeros soliciten documentos migratorios o de nacionalidad para comprar boletos o abordar un transporte dentro de la república. Respondió así la Corte a un recurso de amparo de una institución de la UNAM y del Instituto para las Mujeres en la Migración. Enhorabuena.
Nadie ignora que desde hace varios años las líneas de autobuses aceptaron la exigencia del gobierno federal de fiscalizar a sus pasajeros. El gobierno mexicano a su vez aceptó el diktat del de Estados Unidos de obstaculizar la llegada de migrantes a la frontera norte de México. Siempre fue evidente que se trataba de medidas ilegales, que violentaban la libertad de tránsito dentro del territorio mexicano, y que le otorgaban facultades a empresas privadas para asumir tareas que las autoridades no podían realizar.
Se trata de una criba inaceptable por muchas razones. Implica la versión mexicana del racial profiling de Estados Unidos, que tanto hemos combatido en Arizona, y en muchos otros estados de la Unión Americana. “¡Identifícate, porque no pareces mexicano!”. Como si un empleado de una camionera, o cualquiera, pueda saber a puro ojo quién es mexicano, guatemalteco, salvadoreño u hondureño. Para gobiernos supuestamente antirracistas, una vergüenza.
Pero el fallo del tribunal —que las empresas tal vez se verán forzadas a apelar, ya que el gobierno de Sheinbaum los obligará a hacerlo— no alcanza para condenar el otro aspecto de la medida impuesta por López Obrador y mantenida por Sheinbaum. Como es lógico, las empresas de transporte de pasajeros se resistieron a la imposición, pero a la mexicana: haciéndose discretamente de la vista gorda. Por lo tanto, el gobierno, siempre atento a lo que le demandaba Washington, estableció retenes en las carreteras principales del país que además constituían rutas para los migrantes. Salvador Camarena describió con detalle, en una columna candorosa, como hace un año, su autobús camino a Guadalajara fue detenido por el ejército. Los militares le pidieron que se identificara, lo cual hizo, a sabiendas que no tenía ninguna obligación de hacerlo.
Me tocó una escena semejante en el aeropuerto de Hermosillo, hace poco más de un año. Al descender del avión procedente de México, un Guardia Nacional y un oficial del INAMI me pidieron mi identificación. Les respondí que no traía ninguna —no voto, les dije, ni manejo— y que además carecían de cualquier derecho de exigírmela. En todo caso, insistí que me mostraran algún documento estipulando que las personas que circulan por la República mexicana se ven obligadas a portar identificación. En fin, después de una larga y divertida pelea, me dejaron pasar, sin que, desde luego, les haya mostrado documento alguno. Me fue mejor que a otro colega y amigo a quien detuvieron en Tijuana poco después, al cabo de un incidente parecido.
El problema de fondo en México, al igual que en los Estados Unidos de Trump, consiste en la inexistencia de un documento nacional de identidad universal y obligatorio. Que yo recuerde, se discute el tema desde el intento del profesor Olivares Santana en Gobernación de crear una cédula de identidad. No existe. El INE no lo es, la licencia tampoco, la cartilla militar no, y las demás credenciales menos (Inapam, IMSS, Issste, cédula profesional, etcétera) Por lo tanto, las autoridades no pueden, ni deben, pedir identificación, ya que los mexicanos no estamos obligados a poseer un documento inexistente. La nueva CURP impresa, por ahora, no constituye una respuesta, a menos de que se modifique el esquema actual.
Me dirán que frente al número infinito de abusos, de violaciones a los derechos humanos y a las libertades, de desapariciones y detenciones arbitrarias que hay en México, esto es lo de menos. No estoy seguro. Esta práctica de los militares y del INAMI permite —casi es una invitación— al abuso, a la extorsión y luego a las tragedias que hemos vivido. Les permite “morder” a los mexicanos, pero sobre todo a los extranjeros, que se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad. Ojalá alguien se amparara contra este procedimiento, a falta de que Sheinbaum lo prohiba. No creo que lo haga, aunque sabe que existe.
Jorge G. Castañeda
Secretario de Relaciones Exteriores de México de 2000 a 2003. Profesor de política y estudios sobre América Latina en la Universidad de Nueva York. Entre sus libros: Las dos izquierdas y Estados Unidos: en la intimidad y a la distancia