En una segunda declaración de Encinas, en la mañanera del viernes 26 de agosto, aparece —ahí sí— una novedad que supongo proviene del informe presentado, que tiene partes públicas y otras “testadas” (no es el caso del cuadro que aparece en las páginas 88 a 92), y que introduce una transformación radical no de la “Verdad histórica” sino de toda la tragedia.

El debate sobre la conservación de la prisión preventiva oficiosa suscitado por la ponencia del ministro Luis María Aguilar es útil y necesario. Es una barbaridad, como lo han dicho tantos, que el 40 % de la población carcelaria de este país —una población elevada, en relación a otras partes— no esté sentenciada. También es un escándalo que la mayoría de los reclusos sin sentencia sean pobres, carezcan de una defensa competente, y puedan en algunos casos (Israel Vallarta) llevar casi veinte años sin juicio. Y es aberrante que un gobierno que se dice de izquierda amplíe el número de delitos por los que se aplica la prisión preventiva oficiosa, y que presione abiertamente a la Suprema Corte de Justicia para que rechace la ponencia de Aguilar

Dos elementos de la nueva versión sobre la tragedia de Ayotzinapa y sus consecuencias penales para el exprocurador Murillo Karam me llaman la atención. El primero, como ya ha sido señalado por varios comentócratas, estriba en la gran similitud que existe sobre la descripción de los hechos de la noche del 26 de septiembre de 2014 entre la verdad histórica y la verdad de la 4T. En primer lugar, obviamente, los 43 estudiantes están muertos y lo estuvieron desde esa noche, un poco más tarde, un poco más temprano. Este es el hecho decisivo de la tragedia y, por supuesto, ambas versiones coinciden.

La educación pública en todos los países democráticos y capitalistas no es la simple imposición del modelo capitalista a la enseñanza, sino que es el resultado de las luchas por el derecho a la misma, por planes de estudios más amplios, por libros de texto más baratos y más representativos de la historia, por la incorporación en la historia, en el civismo, en la literatura, en la geografía, en las ciencias, de los conceptos más incluyentes y menos opresivos. En algunos países esas luchas han tenido más éxito que en otros.

Los incidentes —o estallidos— de violencia en Guadalajara, Guanajuato, Ciudad Juárez y Baja California la semana pasada despiertan un número importante de interrogantes. Dejando a un lado las teorías conspirativas —que normalmente a mí me encantan, pero en este caso son absurdas—, existe la duda sobre si hemos rebasado ya un nuevo umbral en materia de violencia y de potencia del crimen organizado.

López Obrador va contra la historia, la izquierda, y la región, al querer radicar la Guardia Nacional en la Sedena. Nos deja perplejos ante los motivos de su intención de proceder por decreto, ya que cualquier presidente podría revertirlo después, el tema no es de un interés electoral evidente, y los militares, aunque lo quieran, no necesariamente lo ambicionan desesperadamente.

La declaración de Marko Cortés anunciando la precandidatura del panista Enrique Vargas, así como la entrevista de este último, complican innecesariamente las cosas. Es evidente que, de haber alianza en el Estado de México, el candidato deberá ser del PRI. Obtuvo más votos que el PAN en 2021; es el partido de gobierno allí, desde tiempos inmemoriales; con dificultades el actual gobernador desistirá de entregar la entidad a Morena si la candidata es suya, pero seguramente se inclinará ante AMLO si no lo es.

Mi impresión es que, aunque técnicamente los expertos mexicanos en esta materia afirman que existen soluciones sin llegar al panel, López Obrador no las va a aceptar. Quedó ciscado con las baratijas que le vendió Seade en agosto de 2018, y no está dispuesto a cambiar de idea. Como me dijo un observador calificado, AMLO escucha a los que no entienden, y no escucha a los que sí entienden.

Escribí aquí hace unos meses que al costo ya conocido del AIFA —penalidades por cancelar Texcoco, costo de construcción, costo de conectividad, etc.— había que añadirle el subsidio cotidiano a Santa Lucía, mientras operara con muy poco aforo. Doce vuelos diarios no dan para cubrir los gastos de energía, personal, mantenimiento, etc., sobre todo si dichos vuelos reciben un subsidio propio de TUA y de slots. Pues ahora resulta que es necesario agregar un costo adicional al Felipe Ángeles: el de la reparación de la Terminal 2 del Benito Juárez.

Hay quienes piensan que el enfrentamiento de López Obrador con Estados Unidos sobre el T-MEC encontrará una rápida solución. El pragmatismo presidencial se impondrá sobre su temperamento, su antiyanquismo, su soberanismo. Antes del plazo de 75 días para que se instaure el panel de solución de controversias, se llegará a un acuerdo. Esta tesis descansa en dos pilares: ceder en los hechos ante todo lo que Washington pida, pero declarando simultáneamente que se ganó todo y se conservó la soberanía.