La acusación por un gran jurado del Southern District de Nueva York a Rocha Moya y otros políticos y funcionarios de Sinaloa suscita más preguntas que afirmaciones contundentes. Más allá de la obviedad imposible de evitar ni de negar —esto coloca a Sheinbaum en un dilema hamletiano pavoroso: ceder o no ceder, con consecuencias nefastas en ambos casos– surgen varias dudas evidentes y a la vez enigmáticas ante las cuales hoy no poseemos respuestas, a pesar de algunas filtraciones a la prensa estadunidense.
Primera interrogante: ¿Washington le avisó a la presidenta con algo de antelación —una semana, un mes, tres meses— que si ella no actuaba contra Rocha, lo haría Estados Unidos? De no haberle brindado esa oportunidad, como creo que fue el caso con el Mencho, se trataría de una falta de confianza y de una violación a una regla no escrita de la relación bilateral: no surprises. De haberse producido la advertencia, es obvio que no fue acatada por el gobierno mexicano. ¿No les creyeron a los norteamericanos? ¿No actuaron porque no podían? ¿Prefirieron que fuera Trump quien pidiera y obtuviera la cabeza del gobernador de Sinaloa, para luego poder decirle al interfecto: “¿Perdimos, Pollo”?
Segunda pregunta: ¿cuál es la lógica de dar la batalla por la vía leguleya de “no hay pruebas” y “ventilaron públicamente” el asunto? Si se leen juntos los artículos 10 y 11 del Tratado de Extradición con Estados Unidos –la ley que rige– es evidente que no es necesario presentar pruebas, contundentes o no, si se trata de una “urgencia” que justifica la “solicitud de detención provisional para fines de extradición”. Estados Unidos dispone de 60 días para presentar elementos probatorios, que además solo deben superar un umbral muy bajo de valor. Basta con justificar la probabilidad de la culpa; el juicio propiamente tendrá lugar en Estados Unidos. México se encuentra en esta misma situación en Argentina con Farías. Según The New York Times —y la línea de tiempo de los medios mexicanos lo confirman— el gobierno de México fue notificado de la decisión del gran jurado con un par de días de anticipación, a raíz del discurso en Sinaloa del embajador estadounidense, sin que se divulgara la noticia. Cualquier asesor del asistente del Consultor Jurídico de la SRE o de la FGR sabe que si la decisión presidencial consiste en librar la guerra en el campo jurídico, México no tiene dónde pararse.
Seguir insistiendo en las pruebas conforme a las leyes mexicanas hace caso omiso de la existencia de un tratado, y de las disposiciones explícitas del mismo. Abre el flanco a las denuncias en Estados Unidos, que ya comenzaron, de que Sheinbaum recurre a maniobras y argucias leguleyas para hacerse tonta. Envolverse en la bandera y alegar que sólo México puede juzgar a los mexicanos es falso e implica engañar al famoso pueblo: justamente para eso son los tratados de extradición, como el que hemos invocado con Argentina, y el que no existe con Israel (Roemer y Zerón).
Tercera interrogante: cuando Sheinbaum despachó a 92 mexicanos, en principio narcos, a Estados Unidos, obviando los procedimientos de extradición, invocando una supuesta Ley de Seguridad Nacional que avalaba el procedimiento ¿alguien le advirtió que un buen día Washington podía pedir el mismo trato con Rocha y otros? ¿Se le informó que cuando ella prefirió que los 92 narcos fueran juzgados en Estados Unidos, y no en México, sentaba un precedente peligroso?
Última pregunta, por ahora: ¿saben en el gobierno si existe una lista de narcopolíticos requeridos por Estados Unidos, y que serán acusados pronto? Nunca he creído del todo en la existencia de la famosa lista, pero si Sheinbaum la ha visto, o se la han entregado, ¿ya decidió cómo reaccionar ante los que siguen? Es obvio que las acusaciones del Departamento de Justicia, avalados por un gran jurado de Manhattan, provienen de y descansan en la enorme cantidad de información, chismes, mentiras, dichos de todos los narcos ahora en manos de Estados Unidos: el Mayo, Ovidio, su hermano, entre otros. ¿Son puras contraverdades?
Y, por cierto, ¿cómo es que ningún medio mexicano subrayó el viernes pasado el final del discurso del embajador Johnson en Sinaloa? “Por eso es que el T-MEC exige que nuestros gobiernos penalicen los sobornos y la corrupción y aplicar códigos de conducta para funcionarios públicos. Pronto veremos acciones significativas en este frente. Estén atentos”. ¿Querían más aviso que ese?
Jorge G. Castañeda
Secretario de Relaciones Exteriores de México de 2000 a 2003. Profesor de política y estudios sobre América Latina en la Universidad de Nueva York. Entre sus libros: Las dos izquierdas y Estados Unidos: en la intimidad y a la distancia