En este país, con los vicios y las desgracias que narra el informe, que un gobierno cercano a los padres de las víctimas y al Ejército, y adversario del gobierno en funciones en 2014, cuente todo lo que cuenta el informe de Encinas, es algo innegablemente positivo. Al país le hace un gran favor la publicación, porque obliga al debate, a la investigación por la Fiscalía, por las Fuerzas Armadas, por el GIEI, por organizaciones no gubernamentales, por los medios.

Por ahora la 4T perdió la batalla de la militarización permanente. Todos los chantajes, amenazas, mordidas, ofertas indecorosas y acciones inconfesables por parte del gobierno y de los militares fracasaron. Los priistas, pero también los demás senadores de oposición, resistieron. Por ahora…

Algunos creen que, así como charrearon los diputados priistas, un número suficiente de senadores del antiguo partido único votarán con el gobierno a favor de la militarización. Otros piensan que a diferencia de los diputados, los senadores, por razones propias y de la lucha interna dentro del PRI, terminarán por oponerse a la iniciativa de López Obrador. Recuérdese que sólo se necesita que cuatro senadores priistas voten contra la minuta enviada por la Cámara de Diputados para que ésta no alcance las dos terceras partes del total de los senadores presentes para lograr la modificación constitucional.

A la pregunta “¿A usted qué tanto le gusta vivir en México?” sólo el 30 % respondió que le gusta mucho. El 37 % contestó que le gusta, pero a veces le gustaría vivir en otro país, y al 17 % —el equivalente de 20 millones de mexicanos— no le gusta vivir en México. Arraigo, devoción por el terruño, o siquiera resignación tipo Carlos Fuentes (aquí nos tocó vivir), no aparecen en estas cifras.

El presidente anunció que ya no utilizará el discurso del 16 de septiembre para fijar su posición ante las demandas de Estados Unidos a propósito de la violación del T-MEC, las consultas al respecto y, en general, los desacuerdos entre ambos gobiernos en materia energética. Sostuvo que cambiaba de parecer ante lo que había anunciado, en primer lugar, porque el “tono” de “su amigo Biden” había cambiado, dando a entender que la mutación se produjo en la parte que no leyó de la carta del presidente de Estados Unidos. Y, en segundo lugar, porque quería exponer ante los mexicanos, antes de hacerlo ante el mundo, su extraordinaria propuesta de paz entre Ucrania y Rusia. Es obvio que ambos argumentos son absurdos.

Si quedar bien con el Ejército, o manifestar un cierto “sentido del Estado” —que, huelga decirlo, no ha sido precisamente la característica del PRI a lo largo de los últimos 70 años— es destruir la alianza Va por México, tanto para las elecciones en el Estado de México como para la Presidencia en 2024, no vale la pena. Yo estoy dispuesto a creer que Alito y Moreira han puesto en peligro la alianza —si no es que ya la han destruido— por los motivos de sustancia que ellos esgrimen. Pero no es lógico acabar con la única posibilidad de ganar en 2024 simplemente por esos motivos.

Es una lástima que la Suprema Corte no haya podido resistir la presión en esta oportunidad. Había, sin duda, argumentos jurídicos constitucionales de cierto peso. En efecto, es un problema en México, como en cualquier democracia con separación de poderes, determinar qué pasa cuando un Poder Legislativo aprueba una enmienda constitucional que contradice la Constitución previamente existente.

Las encuestas recién divulgadas en torno al cuarto informe presidencial y los dos años que restan de la 4T tienen de chile, de dulce y de manteca. Como en un parador español, cada quien encuentra lo que busca. Hay buenas razones para poner felices a los morenistas, y en particular a los partidarios de Claudia Sheinbaum, y muchos motivos para deprimir a los opositores al régimen. Pero también, a pesar de las cortinas de humo, existen elementos para guardar esperanza por parte de Va por México.

En una segunda declaración de Encinas, en la mañanera del viernes 26 de agosto, aparece —ahí sí— una novedad que supongo proviene del informe presentado, que tiene partes públicas y otras “testadas” (no es el caso del cuadro que aparece en las páginas 88 a 92), y que introduce una transformación radical no de la “Verdad histórica” sino de toda la tragedia.

El debate sobre la conservación de la prisión preventiva oficiosa suscitado por la ponencia del ministro Luis María Aguilar es útil y necesario. Es una barbaridad, como lo han dicho tantos, que el 40 % de la población carcelaria de este país —una población elevada, en relación a otras partes— no esté sentenciada. También es un escándalo que la mayoría de los reclusos sin sentencia sean pobres, carezcan de una defensa competente, y puedan en algunos casos (Israel Vallarta) llevar casi veinte años sin juicio. Y es aberrante que un gobierno que se dice de izquierda amplíe el número de delitos por los que se aplica la prisión preventiva oficiosa, y que presione abiertamente a la Suprema Corte de Justicia para que rechace la ponencia de Aguilar