Las peripecias de Pedro Castillo en Perú, y el triste pero previsible desenlace, motivan varias reflexiones a bote pronto, a reserva de confirmar algunos de los datos en los que descansan más adelante. En primer lugar, todo sugiere que lo que ha acontecido en el Perú desde que llegó Castillo a la Presidencia alimenta la narrativa prepotente y soberbia de muchas de las élites latinoamericanas, y en particular de la peruana, de que la gente sin educación, sin experiencias, sin mundo, que no pertenece a la clase política, no está capacitada para gobernar. Esa es una simple falacia.

La aprobación de AMLO es estadísticamente la misma que la de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón en el momento equivalente de sus respectivos sexenios: entre 57 % y 61 %, felices los cuatro. Sólo Enrique Peña desentona, con sólo 24 % de aprobación y 73 % de rechazo. El atípico es Peña, no López Obrador.

Ya se acercan los momentos de definiciones de distintos actores frente a la sucesión presidencial de 2024. Ante la derrota de la 4T en cuanto a la destrucción del INE, el gobierno tendrá que decidir si busca de cualquier manera un supuesto plan B —probablemente imposible de confeccionar por los ineptos expertos de Morena— o simplemente jugar a la designación, en abril, de cuatro consejeros a modo. El líder del PRI, contra el cual ya se volvió a echar a andar el proceso de desafuero y eventual encarcelamiento, tendrá que decidir no sólo si se mantiene en su voto en contra de la reforma constitucional del INE, sino si va a seguir adelante con la alianza con el PAN y el PRD. Le puede costar su libertad o, en todo caso, igual que Ricardo Anaya, la permanencia en su país.

Ya casi todo se ha dicho sobre la marcha del ardor. Me quedo con la gran cantidad de gente que fue por convicción, y con o sin “apoyos” (gran eufemismo mexicano, seguramente un concepto fundacional del humanismo mexicano); con el Zócalo que no pudieron llenar los ya consuetudinariamente ineptos operadores de la 4T; y con la enorme ilegalidad del uso de recursos públicos para financiar la publicidad, el transporte y la alimentación de una parte considerable de los participantes. La carga de la prueba le corresponde a López Obrador: demostrar que alguien más, y no el Estado, sufragó el costo de los casi 2000 vehículos que Reforma contó estacionados en las arterias de la capital.

Conversando con un amigo norteamericano en Nueva York estos días, se me ocurrió una hipótesis relativa a las consultas sobre el T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá, que seguramente quienes conocen mejor el tema ya han considerado. Parte del cambio de equipo en la Secretaría de Economía, y del tiempo que la 4T ganó con ese recurso, deliberado o no

Ya hasta en la Secretaría de Hacienda se arden cuando les salen mal las cosas, pero obviamente no se preguntan por qué salen mal. El comunicado de ayer de la SHCP sobre la derrota aplastante de su candidato a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo es casi igual a la reacción de López Obrador ante la marcha del 13 de noviembre: ardidos, resentidos, vengativos. Es un comunicado indigno del titular de la Secretaría y de la institución misma. Claro que hay más de lo mismo en el BID: de eso se trata; a saber, mantener la continuidad y la institucionalidad de un organismo que se ha caracterizado en buena medida por eso, desde su creación desde hace más de medio siglo. En lo que debieran fijarse los de SHCP y SRE es por qué todo salió tan mal.

Se podría decir que el presidente mexicano nos advirtió desde el primer día de su mandato que no pensaba viajar, en todo caso, mientras no resolviera los problemas internos de México. Obviamente no los ha resuelto, ni los va a resolver. Por lo tanto, podemos suponer que no asistirá a ninguna de estas cumbres salvo si se llevan a cabo en México, como la de la Alianza del Pacífico a fin de mes.

El PRI estuvo en la marcha. No todo el PRI, no todos sus diputados, senadores y gobernadores, pero muchos de sus dirigentes. Portaron letreros o pancartas, corearon consignas, se codearon con cientos de miles de manifestantes en toda la República. En una palabra, se comprometieron a rechazar la reforma electoral de López Obrador, que destruiría al INE, y a defender a este último, por lo menos por ahora.

Es como un mantra del latinoamericanismo: la integración regional es a la vez una meta inalcanzable y altamente deseable. Nunca he entendido exactamente qué significa, ni por qué contiene un valor positivo intrínseco. Pero no hay discurso de mandatario de América Latina que no la mencione por lo menos en una ocasión.

Las intenciones oficiales no consisten en aportar correcciones a lo que se erigió entre 1996 y 2013. Tampoco se dirigen hacia un cambio de sistema para brindarle mayor equilibrio, o mayor gobernabilidad, a un país que necesita reformas de fondo, y que no ha podido alcanzarlas a pesar de un cuarto de siglo de democracia representativa. El propósito del amado líder reside en debilitar a una institución electoral vigente para imposibilitar cualquier reversión de sus ocurrencias.