Se han discutido ampliamente los orígenes y las consecuencias de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) de López Obrador. La obsesión ideológica del presidente, la sobreoferta indefinida de combustóleo, la revancha contra la reforma energética, son todas explicaciones acertadas de la intención presidencial. La proliferación de amparos, reclamos diplomáticos y demandas internacionales invocando diversos tratados firmados por México figuran entre sus derivaciones previsibles y previstas. Ya empiezan a cumplirse los pronósticos sombríos, y las consiguientes amenazas de Palacio Nacional.
Ilustración: Augusto Mora
La primera es obviamente la suspensión provisional otorgada por un juez especializado en competencia económica a raíz de dos amparos presentados por empresas de energía eólica y solar. El gobierno apelará al colegiado y después a la Suprema Corte, pero López Obrador ya amenazó al juez con verse sujeto a una revisión por “la Judicatura del Poder Judicial (sic)”, por haber surgido “para proteger a las empresas particulares y extranjeras, no para proteger y defender el interés nacional”.
Además de que a los jueces no les pagamos para defender el interés nacional sino para aplicar la ley, los ministros de la SCJN quedan advertidos. La presión que se ejercerá sobre ellos será enorme; para eso se chantajeó a Eduardo Medina Mora y se le obligó a renunciar (aclaro que me opuse a su designación por Peña Nieto). Arturo Zaldívar ya sabe lo que le espera en tanto presidente del Consejo de la Judicatura Federal: asegurar que los demás jueces ante quienes se interpongan amparos no se salgan del huacal.
Ahora sí va en serio el asunto; ya no se trata de jugarretas como la consulta sobre los expresidentes. Se confirma así lo vaticinado por muchos. Habrá amparos; algunos prosperarán; el tema llegará a la Corte quizás antes de lo esperado, y López Obrador se jugará su resto en ésta. Por si los bien pensados creían que no pasaría nada.
Asimismo, el 8 de marzo, la agencia Reuters informó de reuniones celebradas entre funcionarios de Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, la Unión europea, Francia, Alemania, Italia, Holanda y España para encontrar una posición común frente a la política energética del gobierno actual, y en particular ante la LIE. Aunque Reuters no lo expone explícitamente, y algunos funcionarios interesados desmienten la existencia de dicha reunion, se infiere que existen diferentes posturas sobre qué hacer. Estados Unidos se encontraría más bien reticente de no presionar demasiado a López Obrador como gobierno, dejando que las controversias se resuelvan en las instancias del T-Mec por las empresas afectadas. Canadá, y sobre todo España, se verían más agresivos. En todo caso, la respuesta a la LIE por los socios comerciales de México ya comenzó, y va para largo.
El tema de fondo no consiste en si vendrá la inversión privada, nacional o extranjera, en energías renovables. Es altamente probable que no habrá más que la ya comprometida hasta finales del sexenio. Lo esencial aquí es si el autoritarismo creciente del gobierno se manifestará ya no sólo en denostaciones de personas, organizaciones o instituciones, o de plano ya también en la puesta en práctica de políticas públicas.
Si la Contrarreforma Eléctrica va, “de todas maneras va”; si “¿Voy bien, Camilo? Vas bien, Fidel”; si los jueces, los socios, los inversionistas y los árbitros que se interpongan serán barridos; entonces ya sabremos a qué atenernos los demás. Y también resultará evidente lo que está en juego en las elecciones de junio.
Jorge G. Castañeda
Secretario de Relaciones Exteriores de México de 2000 a 2003. Profesor de política y estudios sobre América Latina en la Universidad de Nueva York. Entre sus libros: Sólo así: por una agenda ciudadana independiente y Amarres perros. Una autobiografía.
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