Estos últimos días han aparecido dos declaraciones preocupantes a propósito del papel de las Fuerzas Armadas en la vida nacional. La primera, obviamente, es la intervención del Secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, en la ceremonia del 20 de noviembre. La otra es el comentario del propio Andrés Manuel López Obrador sobre las razones por las cuales decidió entregarle el Tren Maya y el nuevo aeropuerto al ejército.
Ilustración: Víctor Solís
No tiene sentido reproducir la intervención del general Sandoval. Dice lo que dice: llama al país a sumarse al proyecto de transformación en curso; es decir, al proyecto de López Obrador, de Morena y de la 4T (suponiendo que algo así exista). El titular de la Sedena da algunas razones que justifican su prédica y describe algunos de los ámbitos en los que debe darse el apoyo que solicita. No tengo ninguna duda de que se trata de una violación al principio de neutralidad y del carácter apolítico de las fuerzas armadas. No se si constituye también una violación al artículo 17 de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que reza así: “Queda estrictamente prohibido al militar en servicio activo inmiscuirse en asuntos políticos, directa o indirectamente…”. En un país normal —especialmente en vista de las protestas del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD)— la interpretación de este artículo y su aplicación (o no) a lo declarado por Sandoval se verían sometidas a un fallo del poder judicial. Huelga decir que eso no va a suceder en México, pero vale la pena apuntar el dilema.
En las democracias la lealtad de los militares no es con el comandante en jefe, sino con la constitución vigente. En la gran mayoría de los casos —es decir: en casi todos los momentos de casi todos los países— no existe diferencia entre lo uno y lo otro. Pero no siempre es así. En ocasiones los militares deciden, siempre para mal, que un presidente está violando la constitución o los “altos intereses de la patria” y se sublevan: contra Allende, contra De Gaulle, contra Chávez, contra Goulart. En otras, como en tiempos más recientes, los militares toman medidas para evitar que el presidente viole la constitución, pero sin llegar al golpe de Estado. O renuncian. En ambas hipótesis, casi siempre para bien.
Tal fue lo que aparentemente aconteció en Estados Unidos en el ocaso de la presidencia de Donald Trump. De acuerdo con versiones publicadas por Bob Woodward —y que el interesado no ha desmentido—, entre diciembre de 2019 y enero de 2020 el Jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, operó para evitar el cumplimiento de cualquier orden militar dictada por Trump que pudiera detonar un conflicto con otro país. Asimismo, según el New York Times, varios jerarcas militares norteamericanos se opusieron a la ocurrencia de Trump de enviar 250 000 tropas a la frontera con México para sellarla al inicio de la pandemia. Por último, Trump despidió a Mark Esper, el titular civil de la Secretaría de la Defensa, porque este se opuso al uso del ejército en las calles de Estados Unidos para controlar las protestas de Black Lives Matter en el verano de 2020.
De la misma manera, en Brasil, a pesar de la creciente militarización del gobierno de Jair Bolsonaro, los soldados del país pusieron un límite cuando el presidente despidió al militar a cargo del Ministerio de la Defensa en marzo del año pasado. Renunciaron simultáneamente los jefes del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea. Según El País, “la renuncia de los jefes militares es atribuida a las presiones de Bolsonaro para que se pongan de su lado en las batallas políticas”.
Hay una explicación —y una pregunta— que surge de las declaraciones de Sandoval. La explicación es evidente: a pesar de cierto descontento entre los oficiales en retiro —y de algunos en activo que no pertenecen a la generación de Sandoval ni a la élite que maneja hoy el presupuesto de las fuerzas armadas— en general impera un ambiente de jauja en las filas castrenses por las enormes cantidades de dinero que los toca “administrar” bajo la presidencia de López Obrador. Muchos están “remando”, y hay que decirlo. La pregunta, por otro lado, la formuló con precisión Héctor Aguilar Camín: Y si no, ¿qué? ¿Qué me va a pasar si no me sumo, porque no quiero sumarme? Tal es el caso del 52 % del electorado mexicano, según los resultados de las elecciones de junio.
El otro pronunciamiento es en el fondo igual de preocupante. Aunque ya lo había dicho antes, el 4 de noviembre López Obrador declaró más enfáticamente, según Reforma, que el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Angeles (AIFA) fueron entregados “en custodia” al ejército para que no se privaticen. Fueron “blindados, porque si regresan los neoliberales van a querer privatizar lo que no les alcanzó el tiempo de entregar”. ¿Qué tal si en 2024 o 2028 un candidato a la presidencia hace campaña con la exclusiva consigna de privatizar el Tren Maya y el AIFA, suponiendo que alguien los quisiera comprar? ¿Qué tal si ese candidato es electo y además llega con mayorías en ambas cámaras? ¿Qué pasa entonces? ¿Tiene derecho a privatizarlos? ¿Estará de acuerdo el ejército, o el blindaje aguantará? ¿Es legal y democrático colocar a las fuerzas armadas como guardianes de una política pública que por definición puede ser revertida si los votantes así lo deciden, como sucedió con la reforma eléctrica de AMLO v.s. la de Peña Nieto? ¿O se trata más bien de transformar a los militares en guardianes ya no de la Constitución, sino de un proyecto político que obtuvo una mayoría de votos en 2018, pero que puede perderla en cualquier elección? ¿Están de acuerdo todos los generales y almirantes con esta demencia?
Jorge G. Castañeda
Secretario de Relaciones Exteriores de México de 2000 a 2003. Profesor de política y estudios sobre América Latina en la Universidad de Nueva York. Entre sus libros: Estados Unidos: en la intimidad y a la distancia y Sólo así: por una agenda ciudadana independient