La mañanera del martes nos ofreció un espectáculo hasta cierto punto inédito y a la vez sintomático del comportamiento del presidente ante los medios y de los medios ante el presidente. Resulta interesante ver la interacción en este caso particular que, aunque sin duda no es el primero ni el único, es quizás el más revelador.

La pregunta era de dónde van a venir esos recursos tanto desde el punto de vista estrictamente fiscal como desde una perspectiva más social. Insistía yo: si el pastel no crece y se quiere seguir redistribuyendo como dice López Obrador, hay que quitarle a algunos para darle a otros, o si se prefiere hay que restarle a los que más tienen para entregárselo a los que menos tienen.

Lo peor de todo, para variar, es la economía. En el fondo, quizás a AMLO no le preocuparía un sexenio de crecimiento nulo mientras pudiera conservar el valor del peso. Pero sus colaboradores saben que eso no es viable. Y las cifras son alarmantes.

Una de las premisas implícitas en la atroz conducta del gobierno de López Obrador con los centroamericanos en la frontera sur (y norte) consiste en sostener que ahora sí podemos maltratar a los migrantes que desean entrar sin papeles a México, porque nosotros ya no somos un país emisor. Los tontos útiles de buena fe (y desde luego para los de mala fe) recurren con frecuencia a la tesis del net zero para adoptar esta posición infame, que permite golpear a mujeres y niños.

Más de las lamentables imágenes procedentes de la frontera sur, en las cuales la Guardia Nacional reprime, detiene y deporta a centroamericanos indefensos, y de las absurdas declaraciones de los altos funcionarios gubernamentales repitiendo como pericos que solo buscan una migración “segura, ordenada y regular, con estricto apego a los derechos humanos”, la actuación del gobierno mexicano, en coordinación con el de Estados Unidos, confirma lo que comentamos hace más de un año.

Hace unos días, el expresidente francés Nicolas Sarkozy ofreció una entrevista al semanario L’Express a propósito de la detención de García Luna. Algunos lectores recordarán que el entonces director de la AFI fue quien, en 2005, realizó la dizque detención de la dizque banda de dizque secuestradores, incluyendo a Cassez, para después producir el montaje televisivo de todo el numerito.

Dejemos a un lado lo que ya se ha dicho y escrito hasta la saciedad. La compra fue una tontería —en el mejor de los casos— de Calderón; Airbus le había ofrecido una nave equivalente a un precio muy inferior. Venderlo ahora es ridículo, porque en el mejor de los casos se podría conseguir la mitad de lo que costó, apenas hace siete años, según el avalúo que el propio gobierno de AMLO publicó.

Después de la aparente represalia de Irán el martes, lanzando unos veinte misiles contra dos bases en Iraq ocupadas por tropas de ese país y de Estados Unidos, parecía que perderíamos nuestra apuesta. Sin embargo, rápidamente se supo que dichos misiles fueron dirigidos a zonas de infraestructura de dichas bases y que Teherán avisó al gobierno de Iraq que era inminente el lanzamiento para que éste notificara a Estados Unidos. Un poco más tarde, el canciller iraní declaró que con este ataque concluía la respuesta de su país.

El lunes, Karla Quintana,  la responsable de la Comisión Nacional de Búsqueda, reveló que la cifra de desaparecidos en México durante las últimas seis décadas era sustancialmente más elevada de lo que se había calculado antes. Anunció que entre 1964 y 2019 la cifra alcanzó un total escalofriante de 61 637 personas, en lugar de los 40 y pico mil que este gobierno había estimado hace un año, y superior también a las cifras ofrecidas por el régimen anterior.

Estimo a Arturo Zaldívar por varias razones pero principalmente por su voto y desempeño en la Suprema Corte en dos decisiones controvertidas. Me refiero al caso Florence Cassez y al del consumo individual de marihuana. En ambos fallos, el progresismo de Zaldívar resultó decisivo. Por eso me decepciona tanto su declaración a propósito de los comentarios de Jorge Quiroga, vocero más o menos oficial del actual gobierno de Bolivia.