Con la irrupción de Xóchitl Gálvez en el escenario electoral, la pregunta que muchos nos hacemos en privado, pero que parecía carecer de sentido en público, cobra vigencia. ¿Está dispuesto López Obrador a aceptar una derrota electoral de Morena el año entrante? Y se vuelve pertinente el corolario de una de las respuestas a la misma interrogante: ¿qué hará el Ejército si AMLO rechaza los resultados?

La comentocracia y buena parte de la clase política nacional han puesto el grito en el cielo desde hace un mes a propósito de las supuestas violaciones a la legalidad por parte de todos. Se tiende a dar por sentado que tanto el gobierno como la oposición violan la ley al haber iniciado el proceso de selección de sus respectivos candidatos presidenciales y, en el caso de Morena, en gastar enormes sumas en bardas, espectaculares, viajes, pautas, eventos, “voluntarios”, etc.

Entre los ebrardistas y en grupos de empresarios temerosos, circulan un par de tesis, falsas pero peligrosas, para quienes no quisiéramos vivir la continuidad de la 4T. La primera es simplona, pero ingeniosa; la segunda es simplemente errónea.

Veremos en 2024 una elección con dos grandes bloques, con candidatos competitivos. En esas condiciones el voto útil destruye a los pequeños.

Las quejas y críticas de múltiples protagonistas y comentócratas al método aprobado por los partidos de oposición y los grupos de la sociedad civil se centran en un tema: demasiada influencia de los partidos, escasa presencia de los ciudadanos.

La oposición se encontraba ante un dilema diabólico: o respetaba el espíritu de la ley electoral y no celebraba una contienda para escoger candidaturas sino hasta más adelante, dejándole todo el espacio a Morena y al gobierno; o bien entraba en la misma simulación que Morena, y creo que tomó la decisión correcta, aunque desde luego puede ser cuestionada por muchos.

Se entiende que la oposición, excluyendo a Movimiento Ciudadano, esté preocupada por la manera en que escogerá a su candidato o candidata a la Presidencia. Frente al descarado dedazo de López Obrador en Morena, y ante la imposibilidad jurídica y logística, y probablemente política, de organizar verdaderas primarias con o sin el INE, los tres partidos y los grupos de la sociedad civil que dialogan con ellos busquen fórmulas intermedias que cumplan con una serie de requisitos en ocasiones contradictorias, si no incompatibles.

Aun en el país de la simulación por excelencia, lo que hemos atestiguado en los últimos días por parte de los candidatos presidenciales de Morena es impresionante. El grado de cinismo de parte de los candidatos, de los dirigentes, y del propio López Obrador, no tiene límite.

Haber impuesto desde ahora quién será el líder del Senado, de la Cámara de Diputados, el secretario de Gobernación y otros cargos por definir es algo insólito en la historia sucesoria reciente de México.

Nada es tan distinto como muchos creen o alegan. Los tapados dejaron de ser tapados, como escribió Aguilar Camín, hace muchos años. Pero incluso la formalización de una lista, y la existencia de una supuesta competencia entre ellos, arrancó por lo menos desde 1987, con la pasarela organizada por Miguel de la Madrid que desembocó en la postulación de Carlos Salinas de Gortari. Lo mismo sucedió en 1999, cuando el PRI celebró primarias, además de debates, entre sus aspirantes, proceso cuyo desenlace fue la candidatura de Francisco Labastida. Lo que está haciendo ahora Morena es casi exactamente lo mismo.