El caos en Nuevo León ilustra los estragos que pueden causar decisiones equivocadas, tomadas sin considerar las consecuencias de mediano y largo plazo. Proviene de una confusión legal, producto del desorden de nuestras leyes electorales, y de la intromisión de López Obrador en los asuntos internos de Movimiento Ciudadano. La toma del Congreso en Monterrey, al estilo Trump o Bolsonaro, por MC, confirma el desorden reinante.

Como lo dijo una víctima de secuestro, un purépecha a quien le apuntaron una pistola a la cabeza: “Los aguacates que ustedes consumen en Estados Unidos están bañados en sangre”.

De aquí al 2 de diciembre se despejará la última incógnita que aún persiste en la campaña presidencial de 2024. Para esa fecha Samuel García habrá, en efecto, abandonado la gubernatura de Nuevo León para ser candidato presidencial de Movimiento Ciudadano o, por una serie de razones propias de Nuevo León, habrá desistido de seguir ese camino.

La victoria de Javier Milei en las elecciones presidenciales de Argentina ha suscitado diversas reacciones en la región, en Estados Unidos y en Europa. Podríamos resumir el sentido de esas reacciones de una manera sencilla: cada quien responde según le fue en la feria.

Como se sabe, el Senado puede rechazar la terna, pero al final del camino tortuoso que se adoptó en 1994 para designar a los ministros de la Corte, el presidente —AMLO o cualquiera— termina pudiendo imponer a quien quiera. Se podrá discutir si la consejera jurídica es elegible o no, pero si ella no es “la buena”, o resulta inelegible, las otras dos pasan la prueba del añejo de la pureza ideológica.

En menos de una semana, López Obrador le clavó tres cuñas a Sheinbaum: Clara Brugada, en lugar de Harfuch en el segundo cargo electoral del país (el Edomex no da el ancho), Ebrard como líder del Senado, y la nueva ministra de la Suprema Corte.

La renuncia de Arturo Zaldívar, quince meses antes de que terminara su periodo como ministro de la Corte, encierra una serie de implicaciones éticas, sobre la separación de poderes, la desaparición de poderes, la necesidad de respetar las apariencias, y la sustancia de lo que significa dicha separación.

López Obrador ha transferido recursos de políticas predistributivas, a políticas redistributivas: exactamente lo contrario de lo que muchos especialistas e instituciones especializadas en estos temas sugieren. A falta de una reforma fiscal que nunca quiso hacer, no pudo mantener o fortalecer las políticas predistributivas (vivienda, educación, salud) si elevaba las redistributivas (transferencias).

Aparentemente el presidente ha viajado a Acapulco en tres ocasiones desde que Otis destruyó el puerto, pero que no se ha visto ninguna foto de él en Acapulco. Ni en los escombros, ni con los damnificados, ni en un centro de entrega de víveres, ni en la Secretaría de Salud —que él trasladó a Acapulco— ni en ninguna parte.

Como cualquier desastre natural, o incluso la guerra, la destrucción de Acapulco por el huracán Otis suscita innumerables casos de desinformación, acusaciones, sospechas, rumores, y múltiples ejemplos de irresponsabilidad o heroísmo. Sólo el tiempo, los ciudadanos, los medios y, en su caso —muy remoto—, el Congreso, podrán separar la paja del trigo y darnos una idea más precisa de qué es lo que exactamente sucedió y por qué.