Ayer salió la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), la mejor fuente de información de la que disponemos en México para medir el ingreso, la pobreza, el gasto y la desigualdad de los mexicanos. Se levanta cada dos años y se publica el año siguiente, a finales de julio. Ésta corresponde a dos años raros: parte de 2019, y casi todo 2020, es decir, el año de la pandemia.

A seis días de la absurda consulta convocada por el gobierno y redactada por la Suprema Corte, existen buenas razones para suponer que el ejercicio representará un fracaso para el régimen. Pero los partidos de oposición podrían contribuir un poco más a que dicho fracaso sea palpable y contundente.

Estamos a escasos cuarenta días del regreso a clases presenciales para los 25 millones de niños y jóvenes de educación básica en México. O, mejor dicho: del día que el gobierno ha escogido para que esto suceda… por ahora. López Obrador insiste un día sí y otro también en que no hay peligro de contagio.

En febrero de 1962, en respuesta a la nacionalización de las refinerías norteamericanas en La Habana, el presidente Kennedy establece un embargo que impide todo tipo de transacciones comerciales, financieras, de seguro e incluso de viajes a Cuba. Lo hace como una represalia frente al acto cometido por Fidel Castro, pero también como un instrumento para derrocar al joven gobierno revolucionario de la misma manera que, en abril del año anterior, Kennedy enviaría, a regañadientes, a la Brigada 2506 de los contrarrevolucionarios cubanos de Miami a Playa Girón.

Se entiende que la sociedad mexicana, insular como pocas, con la excepción de los millones de nacionales con parientes en Estados Unidos, se desinterese por completo de la política exterior. La dificultad de construir y consolidar una política exterior para el siglo XXI proviene en gran medida de esta insularidad: a nadie le importa mucho en qué podría consistir.

Me surgen dos ocurrencias sobre las inéditas protestas en Cuba contra el gobierno de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel. Una se refiere a lo que sería el punto de no retorno para el régimen: punto aún lejano, incluso si las protestas siguen y se extienden. Otra versa sobre los castrófilos en México y en el resto de América Latina, a propósito del llamado bloqueo.

La detención de Cárdenas Palomino por la tortura que le infligió y ordenó a los familiares de Israel Vallarta, compañero en algún momento de Florence Cassez, se produce casi un año después de su acusación formal por el distrito Este de la Fiscalía Federal de Nueva York, allá por narcotráfico y vínculos con García Luna. Falta todavía Ramón Pequeño; tal vez su arresto figura en la lista de tareas del gobierno esta semana, aparentemente dedicada a órdenes de aprehensión. En cualquier caso, se pone buena la intriga, sobre todo en vista de su carácter multifacético.

Se ha generado una interesante discusión sobre la naturaleza de la gestión del actual gobierno durante la primera mitad real de su duración. Unos hablan de “transformación”, otros de un intento fallido de revolución, unos más de destrucción pura y simple y otros más de reformas lite. Detrás del debate yace una interrogante a la que ya podemos aportar respuestas basadas en ciertos datos duros. Se trata del tema del mandato. ¿Qué mandato le entregó la ciudadanía a Morena en 2018, y ahora hace un mes?

Con mucha razón, la comentocracia se ha centrado en días recientes en los ataques del gobierno a las llamadas clases medias. Es un ejercicio un poco extraño por parte del régimen, con referencias presidenciales raras —a Hitler, a Allende, etc— pero que merece todo tipo de análisis y de reflexión. No obstante, quisiera enfocarme hoy al otro lado de la moneda, al corolario de las tesis de desprecio de las clases medias. Me refiero, obviamente, al “pueblo”.

La pregunta es absurda, como se supo desde que la definió la Suprema Corte en general, y su presidente en particular. No significa absolutamente nada. No se refiere a los expresidentes, como pretende López Obrador, queriendo engañar otra vez a la gente; no fija un plazo, hacia atrás o hacia adelante; no explica qué quiere decir “investigar”; en una palabra, es una tomadura de pelo —una más— del gobierno y de sus aliados en la SCJN.