A la pregunta “¿A usted qué tanto le gusta vivir en México?” sólo el 30 % respondió que le gusta mucho. El 37 % contestó que le gusta, pero a veces le gustaría vivir en otro país, y al 17 % —el equivalente de 20 millones de mexicanos— no le gusta vivir en México. Arraigo, devoción por el terruño, o siquiera resignación tipo Carlos Fuentes (aquí nos tocó vivir), no aparecen en estas cifras.

El presidente anunció que ya no utilizará el discurso del 16 de septiembre para fijar su posición ante las demandas de Estados Unidos a propósito de la violación del T-MEC, las consultas al respecto y, en general, los desacuerdos entre ambos gobiernos en materia energética. Sostuvo que cambiaba de parecer ante lo que había anunciado, en primer lugar, porque el “tono” de “su amigo Biden” había cambiado, dando a entender que la mutación se produjo en la parte que no leyó de la carta del presidente de Estados Unidos. Y, en segundo lugar, porque quería exponer ante los mexicanos, antes de hacerlo ante el mundo, su extraordinaria propuesta de paz entre Ucrania y Rusia. Es obvio que ambos argumentos son absurdos.

Si quedar bien con el Ejército, o manifestar un cierto “sentido del Estado” —que, huelga decirlo, no ha sido precisamente la característica del PRI a lo largo de los últimos 70 años— es destruir la alianza Va por México, tanto para las elecciones en el Estado de México como para la Presidencia en 2024, no vale la pena. Yo estoy dispuesto a creer que Alito y Moreira han puesto en peligro la alianza —si no es que ya la han destruido— por los motivos de sustancia que ellos esgrimen. Pero no es lógico acabar con la única posibilidad de ganar en 2024 simplemente por esos motivos.

Es una lástima que la Suprema Corte no haya podido resistir la presión en esta oportunidad. Había, sin duda, argumentos jurídicos constitucionales de cierto peso. En efecto, es un problema en México, como en cualquier democracia con separación de poderes, determinar qué pasa cuando un Poder Legislativo aprueba una enmienda constitucional que contradice la Constitución previamente existente.

Las encuestas recién divulgadas en torno al cuarto informe presidencial y los dos años que restan de la 4T tienen de chile, de dulce y de manteca. Como en un parador español, cada quien encuentra lo que busca. Hay buenas razones para poner felices a los morenistas, y en particular a los partidarios de Claudia Sheinbaum, y muchos motivos para deprimir a los opositores al régimen. Pero también, a pesar de las cortinas de humo, existen elementos para guardar esperanza por parte de Va por México.

En una segunda declaración de Encinas, en la mañanera del viernes 26 de agosto, aparece —ahí sí— una novedad que supongo proviene del informe presentado, que tiene partes públicas y otras “testadas” (no es el caso del cuadro que aparece en las páginas 88 a 92), y que introduce una transformación radical no de la “Verdad histórica” sino de toda la tragedia.

El debate sobre la conservación de la prisión preventiva oficiosa suscitado por la ponencia del ministro Luis María Aguilar es útil y necesario. Es una barbaridad, como lo han dicho tantos, que el 40 % de la población carcelaria de este país —una población elevada, en relación a otras partes— no esté sentenciada. También es un escándalo que la mayoría de los reclusos sin sentencia sean pobres, carezcan de una defensa competente, y puedan en algunos casos (Israel Vallarta) llevar casi veinte años sin juicio. Y es aberrante que un gobierno que se dice de izquierda amplíe el número de delitos por los que se aplica la prisión preventiva oficiosa, y que presione abiertamente a la Suprema Corte de Justicia para que rechace la ponencia de Aguilar

Dos elementos de la nueva versión sobre la tragedia de Ayotzinapa y sus consecuencias penales para el exprocurador Murillo Karam me llaman la atención. El primero, como ya ha sido señalado por varios comentócratas, estriba en la gran similitud que existe sobre la descripción de los hechos de la noche del 26 de septiembre de 2014 entre la verdad histórica y la verdad de la 4T. En primer lugar, obviamente, los 43 estudiantes están muertos y lo estuvieron desde esa noche, un poco más tarde, un poco más temprano. Este es el hecho decisivo de la tragedia y, por supuesto, ambas versiones coinciden.

La educación pública en todos los países democráticos y capitalistas no es la simple imposición del modelo capitalista a la enseñanza, sino que es el resultado de las luchas por el derecho a la misma, por planes de estudios más amplios, por libros de texto más baratos y más representativos de la historia, por la incorporación en la historia, en el civismo, en la literatura, en la geografía, en las ciencias, de los conceptos más incluyentes y menos opresivos. En algunos países esas luchas han tenido más éxito que en otros.

Los incidentes —o estallidos— de violencia en Guadalajara, Guanajuato, Ciudad Juárez y Baja California la semana pasada despiertan un número importante de interrogantes. Dejando a un lado las teorías conspirativas —que normalmente a mí me encantan, pero en este caso son absurdas—, existe la duda sobre si hemos rebasado ya un nuevo umbral en materia de violencia y de potencia del crimen organizado.