La ignominia consiste, en primer lugar, en hacerle de nuevo el trabajo sucio a Estados Unidos. El gobierno de López Obrador lo empezó a hacer desde enero de 2019 cuando aceptó la postura del programa de Trump “Remain in Mexico”, según el cual Estados Unidos deportaba a nuestro país a los salvadoreños, hondureños y guatemaltecos que intentaban ingresar sin papeles al país. Eso fue completamente innecesario y vergonzoso, y afectó a más de 70 000 personas.

Desde los años cuarenta, los militares han estado ausentes de la política mexicana, aunque no de la vida del país. Gracias a las ideas descabelladas de López Obrador, ahora se han metido —o las han metido— de lleno. El secretario de la Defensa —y en menor medida el de Marina— es objeto de críticas, réplicas, convocatorias, denuncias y acusaciones, en persona, como en el Senado ayer, o en los medios y las tertulias políticas.

El cambio de tripulación en la Secretaría de Economía coincidió estos días con un par de anuncios importantes, ambos sobre las consultas solicitadas por Estados Unidos a propósito de las violaciones mexicanas al T-MEC. Primero, López Obrador afirmó que Washington ya se había desistido de recurrir a un panel de solución de controversias, y que un acuerdo era inminente. Luego, la Oficina de la Representación de Comercio del gobierno de Biden respondió que no era así: seguían buscando un acuerdo con México, pero de no lograrse, se reservaban el derecho de exigir la formación del panel.

En el debate sobre la participación creciente de las Fuerzas Armadas en la seguridad del país y la vida nacional se ha insistido, con toda la razón, en la llamada militarización del sistema político mexicano. Pero se ha prestado menos atención a lo que podríamos llamar la estatización de la economía mexicana a través de la creciente participación de las Fuerzas Armadas. Un ejemplo de esto último, y de la ideología en la que descansa, es la peregrina idea de crear una línea aérea comercial propiedad de Sedena y de Semar.

Ayer México se abstuvo en la votación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra sobre una resolución que condenaba las violaciones a los derechos humanos en China, en particular en Xinjiang, contra los uigures. Se suponía que íbamos a pronunciarnos a favor de la resolución, ya que de alguna manera se basa en el informe que elaboró la ex alta comisionada para derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, antes de dejar el puesto hace un mes.

En particular, de esa enorme cantidad de información se podrá deducir si contamos con unas Fuerzas Armadas parecidas, idénticas o diferentes de cualquiera de los posibles puntos de cooperación. Asimismo, tal vez será posible saber si la militarización de la seguridad pública en el país desde 2007, y los incrementos consiguientes del presupuesto militar, cambiaron la naturaleza tradicional del Ejército.

Siempre hay temas más importantes que los internacionales, y la opinión pública no suele seguir con interés los asuntos vinculados a la relación de México con el mundo. Ni siquiera cuando involucran problemas directamente relacionados con la salud, por ejemplo, o con la reputación internacional del país. Pero igual es necesario comentarlos, sobre todo cuando se trata de una derrota tan notable y merecida como la de Nadine Gasman, directora del Instituto Nacional de las Mujeres, y candidata de México para encabezar la Organización Panamericana de Salud.

En este país, con los vicios y las desgracias que narra el informe, que un gobierno cercano a los padres de las víctimas y al Ejército, y adversario del gobierno en funciones en 2014, cuente todo lo que cuenta el informe de Encinas, es algo innegablemente positivo. Al país le hace un gran favor la publicación, porque obliga al debate, a la investigación por la Fiscalía, por las Fuerzas Armadas, por el GIEI, por organizaciones no gubernamentales, por los medios.

Por ahora la 4T perdió la batalla de la militarización permanente. Todos los chantajes, amenazas, mordidas, ofertas indecorosas y acciones inconfesables por parte del gobierno y de los militares fracasaron. Los priistas, pero también los demás senadores de oposición, resistieron. Por ahora…

Algunos creen que, así como charrearon los diputados priistas, un número suficiente de senadores del antiguo partido único votarán con el gobierno a favor de la militarización. Otros piensan que a diferencia de los diputados, los senadores, por razones propias y de la lucha interna dentro del PRI, terminarán por oponerse a la iniciativa de López Obrador. Recuérdese que sólo se necesita que cuatro senadores priistas voten contra la minuta enviada por la Cámara de Diputados para que ésta no alcance las dos terceras partes del total de los senadores presentes para lograr la modificación constitucional.