Ellos saben que el sexenio ya casi se acaba. Faltan 17 meses para las elecciones presidenciales, y veinte para el cambio de gobierno. En materia de negociaciones comerciales, es un parpadeo. Mejor esperar que amanezca, pueden pensar los norteamericanos, con algo de razón.

A reserva de contar con más información —y falta mucha—, unas primeras reflexiones sobre los acontecimientos de ayer se pueden compartir sin mucho temor a equivocarse. Se trata de tres sucesos de desigual importancia: la captura de Ovidio, el acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos y la aceptación por parte Biden, ante la insistencia de López Obrador, de aterrizar en el aeropuerto Felipe Ángeles.

La elección de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación muestra, una vez más, que bajo ciertas circunstancias la llamada 4T y López Obrador pueden ser derrotados. Ciertamente, deben concatenarse muchos factores y las ocasiones han sido escasas. Pero se han producido y a lo que esto conduce es a pensar que, si se vuelven a reunir las condiciones necesarias, sus derrotas pueden repetirse también.

La ministra debiera ser investigada por quien le otorgó el título —la ENEP Aragón, parte de la UNAM—, por su empleador actual —la Suprema Corte— y por aquellas instituciones a las que perteneció gracias a un título universitario obtenido de manera espuria. Obviamente no por su club de bridge, donde nada de esto importa. Y si el resultado de la investigación es concluyente, debe retirársele el título universitario, así como cualquier adscripción profesional originada en el mismo. Huelga decir que su pertenencia en la Corte terminaría.

Es evidente que el gobierno no puede combatir la violencia que se ejerce en el país contra los mexicanos en general, y contra los periodistas en particular: ni los locales, ni los regionales, ni los nacionales. El atentado fallido contra Ciro Gómez Leyva es una muestra palmaria de esta incapacidad.

En principio, los senadores de Morena, con dos excepciones, votaron de una manera cínica y atrabiliaria. Votaron a favor de cambios a las leyes electorales que ellos mismos saben que son inconstitucionales. Votaron a favor de modificaciones que su jefe y amado líder les dijo que no le gustaban. Votaron a favor de reformas a las cuales se opuso su coordinador, aunque su voto haya sido una pantomima. Votaron en contra de sus convicciones de hace pocos años. Y votaron en contra de la letra y del espíritu de las reglas democráticas que les permitieron llegar al poder. A ningún autor del realismo mágico se le hubiera podido ocurrir semejante delirio.

Ricardo Monreal se ha colocado en un lugar altamente deseable para un político. Todos quieren saber qué va a hacer porque, en alguna manera, trae la sartén por el mango: de él depende, hasta cierto punto, la sobrevivencia de la reforma de las leyes electorales secundarias que López Obrador quiere que el Congreso apruebe para destruir el INE hasta donde pueda hacerlo sin cambios constitucionales. El juego de la especulación se ha desatado. Todo el mundo quiere saber qué va a hacer Monreal, como si fuera el verdadero factótum de todo el proceso.

Las peripecias de Pedro Castillo en Perú, y el triste pero previsible desenlace, motivan varias reflexiones a bote pronto, a reserva de confirmar algunos de los datos en los que descansan más adelante. En primer lugar, todo sugiere que lo que ha acontecido en el Perú desde que llegó Castillo a la Presidencia alimenta la narrativa prepotente y soberbia de muchas de las élites latinoamericanas, y en particular de la peruana, de que la gente sin educación, sin experiencias, sin mundo, que no pertenece a la clase política, no está capacitada para gobernar. Esa es una simple falacia.

La aprobación de AMLO es estadísticamente la misma que la de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón en el momento equivalente de sus respectivos sexenios: entre 57 % y 61 %, felices los cuatro. Sólo Enrique Peña desentona, con sólo 24 % de aprobación y 73 % de rechazo. El atípico es Peña, no López Obrador.

Ya se acercan los momentos de definiciones de distintos actores frente a la sucesión presidencial de 2024. Ante la derrota de la 4T en cuanto a la destrucción del INE, el gobierno tendrá que decidir si busca de cualquier manera un supuesto plan B —probablemente imposible de confeccionar por los ineptos expertos de Morena— o simplemente jugar a la designación, en abril, de cuatro consejeros a modo. El líder del PRI, contra el cual ya se volvió a echar a andar el proceso de desafuero y eventual encarcelamiento, tendrá que decidir no sólo si se mantiene en su voto en contra de la reforma constitucional del INE, sino si va a seguir adelante con la alianza con el PAN y el PRD. Le puede costar su libertad o, en todo caso, igual que Ricardo Anaya, la permanencia en su país.