El embargo ha estado en vigor, con altos y bajos, desde 1962. A lo largo de estos 61 años, Cuba ha pasado por etapas de cierta prosperidad —los setenta y ochenta, y en 2015-2016—, de graves crisis —el llamado período especial—, y de mediocre desempeño económico y social —casi todo el tiempo—. El embargo fue una constante; la catástrofe económica actual, no.

Las memorias del exsecretario de Estado, Mike Pompeo, confirmadas en buena medida en entrevistas por la exembajadora de México en Washington, muestran cómo el secretario de Relaciones Exteriores aceptó la devolución de decenas de miles de centroamericanos a México con la condición de que no se dijera que era un acuerdo, sino una acción unilateral de Estados Unidos. Ahora, ya en el ocaso del gobierno actual y de la permanencia del titular de Relaciones Exteriores en su cargo, se está negociando, otra vez en secreto, un nuevo acuerdo con Estados Unidos que puede resultar altamente nocivo para México.

Tres periodistas de Proceso, uno de The New York Times, tres altos funcionarios del gobierno de México y por los menos tres funcionarios o excolaboradores del gobierno de Estados Unidos supieron, cinco meses antes de su detención, que Cienfuegos estaba bajo investigación por narcotráfico por las autoridades norteamericanas.

No tiene nada de malo que la gente tan respetable que se asoció con MéxiColectivo —muchos muy queridos amigos míos, excolegas de gabinete, destacados colaboradores míos en la SRE— y otros, mucho menos respetables, a mis ojos, prefieran esperar antes de definirse en lo que de manera ineluctable será la disyuntiva del 2024: solos, o bien o mal acompañados. Tienen tiempo. No mucho. 

El secretario de Gobernación declaró ayer ante los diputados de su partido que era preferible ir de plano a la tómbola: “El que la suerte o la insaculación diga que va a ser, pues esos van a ser.” Le respondía así a Lorenzo Córdova y a varias voces de oposición, quienes se habían pronunciado por el consenso en torno a los cuatro consejeros a ser electos.

No hay duda de que los programas sociales, sobre todo entre adultos mayores y jóvenes, han contribuido enormemente a la popularidad de López Obrador entre esos sectores de la población. Pero sería interesante saber si eso ha sido en detrimento del gasto social para los demás sectores —mayoritarios— de la sociedad mexicana.

Comenzó el juicio de García Luna en Nueva York. Hoy la fiscalía presentó su acusación, sus alegatos preliminares, y por lo menos un primer testigo, a saber, el llamado “Grande”, es decir, Sergio Villarreal. El gobierno de Estados Unidos repitió los alegatos que ya habíamos escuchado o leído, es decir, que el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón coadyuvó a introducir cargamentos de cocaína a Estados Unidos, recibió sobornos del cártel de Sinaloa, mintió en declaraciones juradas, y fue cómplice de varios narcotraficantes.

Hay multitudes de periodistas mexicanos y extranjeros cubriendo el juicio de García Luna en Brooklyn. Y un número importante de integrantes de la comentocracia aquí en México se han referido al juicio también. A mí nada me daría más gusto, uno, que condenaran a García Luna: me da igual si por narco, por corrupto o, sobre todo, por su complicidad en la ejecución de una guerra que ha dejado cientos de miles de muertos. Pero, dos, también me agradaría enormemente que en el juicio saliera información, ya sea por parte de la fiscalía, ya sea por parte de la defensa de García Luna, sobre la complicidad de otros altos funcionarios de ese gobierno, o de los que lo siguieron, en la prolongación hasta el día de hoy de la guerra del narco.

Es posible entender mucho de lo que sucede en el gobierno de López Obrador, y dentro de Morena, hojeando de vez en cuando, pero con cierto cuidado, las páginas —sobre todo la primera plana— y fotos del órgano oficial de la 4T, es decir, el equivalente de Pravda o de Granma: La Jornada. Sobre todo en estos momentos en que vuelve por sus fueros el “tapadismo” mexicano, por lo menos en el sentido de que el candidato a la presidencia de Morena será escogido(a) por López Obrador.

Doble decisión: por un lado, la FES Aragón claramente afirma que la ministra, en esa época alumna de la ENEP Aragón, plagió en 1987 la tesis de Edgar Báez, alumno de la Facultad de Derecho de la UNAM, que fue redactada y presentada en 1986. Por el otro, la Rectoría de la Universidad concede que en la normatividad actual de la UNAM no existe la posibilidad de retirarle el título a la ministra. Remite la Rectoría a un documento del abogado general de la UNAM, escrito en la infame, impresentable e ilegible jerga leguleya, legalista, de abogados de barandilla, que supuestamente explica en un idioma incomprensible por qué no se le puede quitar el título a Yasmín Esquivel.