Estimo a Arturo Zaldívar por varias razones pero principalmente por su voto y desempeño en la Suprema Corte en dos decisiones controvertidas. Me refiero al caso Florence Cassez y al del consumo individual de marihuana. En ambos fallos, el progresismo de Zaldívar resultó decisivo.

Por eso me decepciona tanto su declaración a propósito de los comentarios de Jorge Quiroga, vocero más o menos oficial del actual gobierno de Bolivia. Cito las palabras de Zaldívar: “Respetando la independencia judicial y la división de poderes, cuando se ataca e insulta al Jefe del Estado Mexicano, todas y todos los mexicanos debemos estar unidos. Hacia el exterior no hay división que valga. Mi solidaridad personal con el presidente López Obrador”.

Casi al mismo tiempo en que Jesús Silva-Herzog Márquez, con su acostumbrada perspicacia, recurrió al paralelismo con Estados Unidos para criticar la postura de Zaldívar, busqué la opinión de un amigo norteamericano al respecto. Se trata de uno de los abogados penalistas de cuello blanco más distinguidos de Estados Unidos, con una larga experiencia previa como fiscal federal. Le expliqué el contexto de las declaraciones de Zaldívar, así como el papel de la SCJN en México.

Ilustración: Víctor Solís

Respondió, palabras más, palabras menos, lo siguiente. Una declaración de esta naturaleza es inconcebible en Estados Unidos por parte de un ministro de la Corte, menos aún por el Chief Justice. Quizás después del ataque japonés a Pearl Harbor, en 1941, se habría entendido, aunque de cualquier manera hubiera sido inapropiada. Hoy, entrañaría el impeachment o destitución del ministro en cuestión.

La razón es sencilla. En casi 90 % de los casos considerados por la Suprema Corte norteamericana, el poder ejecutivo es una de las partes. En otras palabras, el presidente de la Corte se estaría alineando con una de las partes en prácticamente la totalidad de los juicios que atiende. La apariencia de imparcialidad queda anulada, aún si la declaración del presidente de la Corte no afectara la imparcialidad per se de la misma. Además de socavar la credibilidad y legitimidad de la máxima instancia del poder judicial, una definición de dicha índole abriría la puerta a una infinidad de recursos por parcialidad previa y explícita.

Se puede discutir si en México un porcentaje tan elevado de los casos que llegan a la SCJN involucra al poder ejecutivo, sobre todo cuando aún no se generaliza el carácter adversarial y oral en el sistema judicial. Asimismo, se podría sostener que el poder judicial, y en particular su máxima instancia, es por definición independiente e imparcial, y por lo tanto no puede ser puesta en peligro por una simple declaración de su figura más poderosa. Tal vez…

No he podido consultar a amigos de otros países con poderes judiciales independientes, pero creo que su opinión resultaría parecida o idéntica a la que he citado. En un país normal, democrático y donde impera un mínimo de estado de derecho, la toma de partido de Zaldívar es inimaginable. O tienen razón esos países o México no reviste los atributos mencionados.

 


Jorge G. Castañeda

Secretario de Relaciones Exteriores de México de 2000 a 2003. Profesor de política y estudios sobre América Latina en la Universidad de Nueva York. Entre sus libros: Sólo así: por una agenda ciudadana independiente y Amarres perros. Una autobiografía.